A lo largo de todo Chile existen terrenos indígenas, que pertenecen a personas que son parte de un pueblo originario o una comunidad indígena reconocida legalmente.
Estas tierras se rigen por la Ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
Esta ley, también conocida como Ley Indígena, tiene como objetivo que la sociedad y las instituciones respeten, protejan y promuevan el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades.
Respecto de las tierras, la ley define en su artículo 12 cuáles poseen calidad indígena, y en su artículo 13 expresa que “no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia”. Si sus titulares son comunidades indígenas, “no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración”.
Básicamente, no puedes comprar un terreno que tenga calidad indígena si no eres de la misma etnia que su dueño(a). Y si lo haces, la compraventa es nula.
Aunque hay tierras indígenas a lo largo de todo el país, en la zona sur hay mayor demanda de terrenos. Por eso es fundamental prestar atención, especialmente en la Región del Biobío, la Región de La Araucanía y la Región de Los Ríos.
Existe el Registro Público de Tierras, dependiente de CONADI, cuyo fin es mantener un catastro actualizado de consulta permanente al que pueden acudir personas beneficiarias indígenas y personas naturales externas.
Está a nivel nacional y se divide en 4 zonas: Zona Norte, Zona Insular, Zona Centro Sur y Zona Sur.
Además, el Registro responde consultas sobre la calidad jurídica de las tierras, que provengan de instituciones y servicios públicos, así como de organismos privados.
Por otra parte, un documento que puede entregar el vendedor es un certificado de CONADI que acredite que una propiedad rural o parcela agrícola no está sujeta a restricciones o prohibiciones derivadas de la Ley Indígena.
Y para mayor seguridad, te recomendamos asesorarte por un abogado y solicitar un Estudio de Títulos. Más que un gasto, será una inversión en tranquilidad y transparencia y evitarás problemas.
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