La toma de terrenos representa un problema de desarrollo, legitimidad y seguridad. En Atacama, se planea regularizar la situación de miles de tomas ilegales.

Segundas viviendas, casas de veraneo, construcciones precarias e incluso demarcaciones perimetrales son parte del panorama de diversos terrenos ocupados ilegalmente en el borde costero de la región de Atacama. Estos terrenos, propiedad del Estado y administrados por el Ministerio de Bienes Nacionales, cuentan con construcciones desde hace varios años (alrededor de 7 mil) en los sectores de Rodillo, Barranquilla y Flamenco, lo que ha desatado una polémica ya que son consideradas ilegítimas.

Luego de un catastro, las autoridades del Ministerio, encabezadas por el Ministro Felipe Ward, decidieron regularizar la situación entregando títulos de dominio a todas las personas que hace años han estado viviendo en esos terrenos. La medida, presentada como positiva para el gobierno, abrió un intenso debate sobre la legitimidad de las construcciones, sus terrenos y la situación social de sus ocupantes.

La polémica por el uso de los terrenos

Diversas personalidades del mundo de la arquitectura y la urbanización, se han manifestado en contra del proyecto, argumentando principalmente que los terrenos y sus viviendas son en su mayoría segundas propiedades, o sea, casas de veraneo cuya ocupación no es verificable durante todo el año.

Esto, ya que la situación en el sector se ve compleja. Se entiende que detrás de una toma existe una necesidad habitacional, por lo que las personas que participen de una toma se exponen a desalojos cuando los terrenos pertenecen a privados. Sin embargo, la ocupación durante años permite que el Ministerio se haga cargo de la situación.

El arquitecto Iván Poduje, califica a la medida como impresentable, mientras que el director de la escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, Luis Eduardo Bresciani, puso el foco en la condición de los ocupantes y dueños de la mayoría de las viviendas de veraneo que existen en el lugar.

El problema en el norte de Chile

La región de Atacama cuenta con una de las situaciones más complejas en torno a la toma de terrenos. Según un catastro publicado el 2018, la toma de terrenos costeros se triplicó en los últimos cuatro años, donde el 95% corresponde a ocupaciones de temporada. Este fenómeno, sin regulación, puede significar que sus nuevos dueños o bien los legítimos propietarios de los terrenos caigan en prácticas como los loteos brujos, espacios que no cuentan con los permisos ni reglamentación adecuada para viviendas.

Dentro de este panorama, la polémica en torno a la entrega de estos terrenos se abre al uso del espacio, los problemas de planificación y desarrollo urbano. En este sentido, una regularización de este tipo de tomas no favorece el uso apropiado de los terrenos ni cumpliría con los estándares básicos urbanos, lo que iría en desmedro de sus propios habitantes y de quienes desean utilizar los balnearios.

Una toma de estas características no favorece el desarrollo de la región y representa, además, una serie de problemas de infraestructura y seguridad. Invertir en un terreno, de manera regular, significa enorme beneficios que van desde la plusvalía, su bajo riesgo y su rentabilidad a largo plazo.