Ante la urgente necesidad de buscar mecanismos que den certeza y protejan el patrimonio de las y los jaliscienses, esta tarde el pleno del Congreso del Estado aprobó la nueva Ley que Establece el Registro y Acreditación de los Prestadores de Servicios en Materia Inmobiliaria del Estado de Jalisco. Se trata de una herramienta legal que se inserta en el plano de la prevención y abonará a crear un contexto de mayor confianza dentro de este sector.
“Esta Ley permitirá tener garantías y certezas de acudir con agentes inmobiliarios acreditados y con ello, minimizar los delitos que últimamente se han presentado en Jalisco”, destacó la diputada de Movimiento Ciudadano Gabriela Cárdenas Rodríguez, quien fue la promotora de la iniciativa durante la actual legislatura y encargada de realizar los foros de socialización con las organizaciones de la sociedad para enriquecerla.
Al describir la dimensión del problema que ha representado la falta de recursos legales en este ámbito, refirió: “Tan solo en el año 2021 los fraudes inmobiliarios aumentaron, principalmente en la suplantación de identidad, donde personas cometían un delito, abrían las casas deshabitadas y se ponían a rentarlas, hubo más de 3 mil 600 delitos registrados de todo tipo”.
“Por ello, la aprobación de este dictamen toma especial relevancia, pues incluimos una acreditación que garantiza la capacitación y actualización, con la finalidad de garantizar la adecuada prestación de los servicios; así como un Registro Estatal de Prestadores de Servicios Inmobiliarios. (Esto es, un) padrón oficial y sistematizado de acceso abierto en el que se encontrarán registrados los Asesores Inmobiliarios y las Agencias Inmobiliarias que de forma voluntaria se acreditaron”, expuso la diputada por el Distrito 6 de Zapopan, al hablar en la tribuna.
Adicional a la acreditación y el registro, esta Ley otorga un valor agregado a las Asociaciones Inmobiliarias que cuenten con el distintivo Pro Integridad, es decir que tengan una política definida como el conjunto de elementos de autorregulación y controles internos que permitan mitigar y reducir los riesgos de corrupción.
Con todo ello, sintetizó, las y los ciudadanos podrán tener la información necesaria sobre la persona a quien le están confiando su patrimonio, bien sea para vender o para comprar una propiedad.
Cárdenas Rodríguez aclaró que el dictamen aprobado no busca monopolizar la actividad económica, ni limita el derecho constitucional al libre ejercicio de la profesión sino, por el contrario, tiene como propósito sumar a un clima de certeza que, a su vez, fomenta la inversión.
“Tampoco es una ley persecutoria, no limita la posibilidad de que alguien sin acreditación pueda ejercer la actividad económica o incluso que nosotras y nosotros podamos vender nuestros inmuebles. Con esta Ley damos un paso al frente en la prevención de delitos como el fraude, la usurpación de identidad, ventas ficticias, entre otros”, subrayó.
Jalisco ocupa el tercer lugar nacional en el ranking de los estados en la demanda de propiedades residenciales, comerciales, industriales y terrenos en venta y renta: “Las inversiones que llegan al Estado deben quedar blindadas con la máxima certezas jurídicas para las y los inversionistas”, indicó.
Finalmente, Gabriela Cárdenas destacó el espíritu democrático e incluyente que hizo posible la articulación de dicho dictamen: “Se trata de un trabajo de todas y todos mis compañeros diputados, de las agencias inmobiliarias que nunca soltaron el tema, como AMPI, PAIS, MIO, la Cámara de Comercio, el Colegio de Notarios y la CANADEVI”.
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